TRANSGÉNICOS Y NUEVA DELIMITACIÓN DE RESERVA FORESTAL VULNERAN CPE Y PONEN EN PELIGRO SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA DEL PAÍS

El acuerdo firmado por el Gobierno el pasado 19 de diciembre con los representantes de la agroindustria (CAO, CAINCO, ANAPO),  para que éstos presenten en el plazo de tres meses una propuesta para la introducción de más eventos transgénicos de soya, maíz, algodón y caña, así como la nueva delimitación de la reserva forestal de Guarayos y el nuevo perdonazo a los desmontes ilegales: representa una nueva transgresión a los bolivianos y a los recursos naturales del país. 

Como es de conocimiento público, los cultivos mencionados en el acuerdo (soya, maíz, algodón y caña de azúcar) forman parte de la agenda global de las corporaciones o transnacionales de las semillas y agroquímicos que están pretendiendo imponer a todos los gobiernos a nivel global.  ¿Cuál es el propósito? El de fortalecer sus ingresos mediante el pago de patentes por el uso de sus semillas transgénicas y la comercialización de los agroquímicos asociados a dichas semillas. Es decir, que este acuerdo no es parte de una agenda nacional que vela por los intereses del país, sino de un sector que representa a los intereses de las corporaciones. 

Bajo el pretexto de incrementar el rendimiento de la soya, del maíz y de combatir el ataque de plagas, se pretende violar la CPE en su artículo 255, numeral 8; la ley 300 de la Madre Tierra; la Ley 071; la Ley 622 y los Decretos Supremos 2452 y 2735.  Es decir que, ¿la CPE y las Leyes pueden ser violadas cuando los intereses sectoriales y políticos así lo disponen?  

El justificativo de introducir más eventos de soya transgénica para incrementar el rendimiento es un argumento totalmente falso, porque desde la introducción de la soya transgénica el rendimiento no ha variado (2,1 toneladas por ha) y es menor a los rendimientos que se tenían anteriormente con soya convencional y que estaban entre 2,26 a 3,16 toneladas por hectárea (El Cultivo de soya: Recomendaciones técnicas-CIAT-ANAPO-UAGRM, 1995).

El argumento de incrementar el volumen de producción para la exportación, a costa de una mayor ampliación de la frontera agrícola con el consecuente desmonte de miles de hectáreas de bosque, que van a suponer más sequías, inundaciones y ataque de plagas, tampoco tiene un sustento que aporte al desarrollo sostenible de la región y del país.  Bolivia produce el 1.8% de la soya del MERCOSUR y el 1% de la soya del mundo.  Suponiendo que incrementemos al doble la producción de soya a costa de serios impactos socioambientales y productivos, continuaremos siendo un país proveedor marginal de materia prima y sin haber solucionado el grave problema de ser un país importador de más de 150 alimentos que antes producíamos y que han generado un gasto de más de 700 millones de dólares en la importación de alimentos en la gestión 2016.  ¿En este contexto no sería mejor producir soya cualitativamente diferente? ¿Soya NO transgénica y con criterios de responsabilidad social y ambiental?  ¿Por qué no retomar las investigaciones referidas a mejorar el material genético existente (si aún queda algo), sin necesidad de recurrir a la transgénesis y el uso desmedido de agroquímicos que acompaña esta tecnología?  

Asimismo, la introducción del maíz transgénico generará un desastre alimentario, productivo y ambiental sin precedentes, porque contaminará las más de 77 razas nativas que existen en nuestro país, muchas de las cuales son resistentes a plagas y enfermedades que están adaptadas a los cambios climáticos y que forman parte de la base alimentaria de diez millones de bolivianos. ¿Cuál es el verdadero interés que existe por introducir maíz transgénico?  

El riesgo de la liberación en el ambiente de organismos genéticamente modificados implica considerar los riesgos asociados a la interrelación de los transgénicos con el ecosistema, los impactos en los consumidores de alimentos y el efecto del paquete tecnológico en la sostenibilidad de la producción agropecuaria, en la soberanía científica, etc.  Esto refleja que este tema es de interés de toda la sociedad y no solamente del sector científico.  ¿Se está considerando realizar de esta manera en Bolivia?  No. 

 Los sectores que promueven la introducción de los 8 eventos de transgénicos en soya, maíz, algodón y caña, han afirmado que están “coordinando” con las empresas interesadas en introducir sus semillas. Estamos ante un claro ejemplo de subordinación de las políticas nacionales a los intereses de un puñado de empresas transnacionales, violando la CPE y más de 10 leyes nacionales.

Las presiones y propaganda de las corporaciones que promueven semillas transgénicas, mencionan que todo el mundo siembra transgénicos cuando sólo hay 26 países que siembran transgénicos de los 194 que existen en el planeta.

Por otra parte, la nueva delimitación de la Reserva Forestal de Guarayos, establecida en el acuerdo, no es más que la legitimación de los asentamientos y explotación ilegal que da luz verde para la destrucción total de dicha reserva forestal.  El nuevo perdonazo a las quemas ilegales de bosque de los últimos 9 años, es otra forma de avalar la destrucción de miles de hectáreas de bosque, para sembrar transgénicos, con el consecuente impacto social, ambiental y productivo.  

En el fondo lo que se está planificando es avanzar hacia la amazonia para construir un gran complejo soyero y ganadero siguiendo la senda de la destrucción ecosistémica, que abarque hasta el Beni. Es decir, “habilitar” en la amazonia 5 millones de hectáreas cultivadas para la cría de 450.800 cabezas de ganado adicionales para el 2025.  Para cumplir este propósito iniciarán la “apertura” de dos millones de hectáreas, de las que el 70% serán sembradas con soya transgénica y el otro 30% con otros cultivos asociados, entre ellos caña para biocombustible y maíz transgénico. Para respaldar estas acciones extractivistas el gobierno propone cambiar el Plan de Uso de Suelos en Santa Cruz y el Beni, aspecto que permitirá contar con un potencial de 7 millones de hectáreas para la actividad “agropecuaria”, a costa de la destrucción de los bosques. ¿Cuál es la posición de la Gobernación de Santa Cruz y el Beni? ¿Avalan la destrucción de los recursos naturales? 

Estamos ante una realidad en la que el Estado en todos sus niveles (Gobierno Central, Gobernaciones y Municipios)  está demostrando que no cumple el mandato de la CPE  y varias leyes conexas, por tanto no respeta el Estado de derecho al violar el ordenamiento jurídico. No asume el rol de velar por los intereses nacionales y se ha subordinado totalmente al agronegocio, (cuando existen alternativas sustentables para el desarrollo agropecuario en Bolivia), profundiza la dependencia de las empresas transnacionales y elimina totalmente la seguridad y soberanía alimentaria. Al destruir la agrobiodiversidad en Bolivia, se está destruyendo un patrimonio natural y cultural que es la base fundamental para un verdadero desarrollo sostenible, porque encierra una amplia gama de alimentos domesticados por las antiguas culturas, agua y recursos hidrobiológicos en buen estado de conservación y ecosistemas culturales que son únicos como patrimonio de la humanidad, reconocidos inclusive en el Encuentro Internacional de Arqueología y Antropología amazónica en el año 2017. 

Bolivia está entre los 11 países más ricos en mega biodiversidad del planeta y este potencial no ha sido incorporado en las políticas de desarrollo sostenible del país, porque en todas las políticas estatales no se aprovechan de manera sostenible estos recursos para la industrialización, la innovación, la investigación científica, la transformación de alimentos, que pueden generar miles de empleos e ingresos para el país. Al contrario, el Estado en todos sus niveles sigue consolidando y condenando a Bolivia como simple proveedor de materia prima a costa de la destrucción y desaparición de nuestros recursos vitales para el desarrollo sostenible nacional, como son los recursos genéticos de la biodiversidad y el agua. 

COMITÉ CIENTÍFICO DE BIOTECNOLOGÍA